Grupo Barceló, adjudicatario del proyecto de construcción, suspende las obras y renuncia a la concesión por "la inseguridad jurídica y económica".
El futuro del Palacio de Congresos de Mallorca se tambalea después de que la sociedad concesionaria, controlada en un 95% por la cadena hotelera Barceló, hiciese público el jueves que abandona el proyecto por "la inseguridad jurídica y económica", que hace que no sea "viable". Barceló ha ordenado a la constructora Acciona que paralice provisionalmente el 5 de junio los trabajos de construcción.
Por su parte, el consejo de administración de la empresa pública del Palacio de Congresos, reunido ayer, ha requerido a la firma que prosiga con las obras y ha asegurado que éstas no han generado ningún sobrecoste respecto al presupuesto inicial.
La génesis del conflicto se remonta a finales de 2006, cuando el Gobierno balear, presidido entonces por Jaume Matas, abrió un concurso público para construir y explotar el futuro Palacio de Congresos de Mallorca.
La concesión fue adjudicada, en febrero de 2007, a una sociedad en la que Grupo Barceló participaba con un 50%, mientras que el 50% restante se repartía entre varios socios: Globalia (20%), Sampol (15%), Iberostar (10%) y Acciona (5%), cuya participación sería adquirida por Barceló cuando finalizaran las obras, en 2011.
Solares
El proyecto inicial contemplaba la construcción del Palacio sobre tres solares, propiedad del Ayuntamiento de Mallorca. "Cuando nos los iban a entregar para comenzar las obras, se descubrió que uno de ellos era propiedad de un particular, al que se iba a hacer una permuta con otros solares del Consistorio", explican fuentes de Barceló. No obstante, "el interés público manifestado por la Administración para iniciar cuanto antes las obras y la voluntad expresada para resolver la irregularidad" sirvieron de aval para seguir adelante con el complejo.
Con los trabajos de construcción en marcha, se planteó una serie de modificaciones al proyecto, que básicamente consistían en que éste se llevaría a cabo en dos solares y no en tres, como estaba planificado.
"Tuvimos que replantearnos el proyecto porque construir sólo en dos solares suponía prescindir de uno de los dos hoteles planificados y la reducción de las plazas del aparcamiento, y, como consecuencia, una merma de los ingresos que iba a tener tanto el palacio como Barceló al explotarlo", afirman desde el grupo, que poco a poco se fue quedando solo en la concesión, al asumir la participación de Globalia, Iberostar y Sampol, que abandonaron el proyecto.
Casi un año y medio después de la adjudicación, Barceló se ha cansado de esperar y ha presentado su renuncia. ¿Por qué? "Aunque el Ayuntamiento de Palma lo prometió, a día de hoy el proyecto no cuenta con el visto bueno urbanístico, por lo que nuestra situación es muy frágil", argumenta Barceló. Pero existen, además, diversas razones de índole económico.
Por una parte, que el presupuesto definitivo del complejo se ha disparado y ha pasado de los 125 millones de euros iniciales a unos 150 millones, estima Diario de Mallorca, que según el Consistorio debe asumir la sociedad concesionaria. Y, por otra, los retrasos en el pago de la subvención de 30 millones aportada por la Administración. De los 21 millones correspondientes al primer cobro, Barceló sólo ha recibido 20 millones, y el calendario preveía el pago de un segundo plazo, de seis millones, a abonar en mayo de 2009. Ayer, Barceló aún no había percibido el importe.
Estos motivos llevaron a la firma hotelera a comunicar a la Administración, el pasado 6 de abril, que abandonaba el proyecto. Casi dos meses después de la notificación oficial, Barceló ha comunicado a Acciona la decisión de suspender las obras. Se trata de una paralización temporal de dos meses, en los cuales Barceló espera resolver esta situación.
"Un enfrentamiento por la vía judicial supondría un retraso de seis a ocho años, lo que dificultaría la finalización del proyecto. Nuestra decisión es firme, pero estamos dispuestos a colaborar para que el palacio se construya y a negociar la explotación del complejo", afirma Barceló. Le toca mover ficha a la Administración pública.